¡No tomo Coca-Cola!

Movilización para detener el asesinato de los sindicalistas colombianos

Red Palante


Rueda de prensa en Bogotá. Foto: Claudia Calvo.

En Colombia es peligroso ser sindicalista, estudiante, campesino, en fin, cualquiera que se organice en pro de la justicia social. El gobierno de Álvaro Uribe Vélez, con el apoyo político y financiero del gobierno de los EE.UU., está ampliando la guerra civil de más de 40 años y el paramilitarismo en Colombia. Los paramilitares, aliados cercanos del ejército colombiano, permanentemente intimidan, torturan y asesinan a los organizadores sindicales y de otros movimientos sociales.

En el año 2000, tres de cada cinco sindicalistas asesinados en el mundo murieron en Colombia.

Las corporaciones transnacionales han desplazado muchas de sus operaciones a países como Colombia, donde las políticas neoliberales han destruido los obstáculos para el lucro. De esta manera, se benefician del paramilitarismo rampante en Colombia.

Coca-Cola, Drummond y Nestlé han sido acusadas de colaborar con paramilitares para intimidar y asesinar organizadores sindicales.

Por eso, se está organizando una campaña internacional para llamar la atención sobre los abusos de las transnacionales en Colombia. Particularmente, se está concentrando en Coca-Cola, una de las corporaciones más brutales y voraces.

Coca-Cola explota permanentemente a los trabajadores, subcontratando empleados, echándolos sin indemnización, con exceso de cargas laborales y bajos salarios. Pero los activistas aseguran que también colaboran con los paramilitares para reprimir más a los trabajadores que se organicen contra esas condiciones.


Domingo Tovar, responsable de derechos humanos de la CUT,
y Javier Correa, presidente de Sinaltrainal. Foto: Claudia Calvo.

Nueve trabajadores de Coca-Cola han sido asesinados, cuatro de ellos como respuesta a las exigencias sindicales de mejores condiciones de trabajo o salarios; 38 trabajadores han debido huir de sus ciudades y 67 son víctimas de amenazas de muerte. Sus familias han sido amenazadas e incluso algunos de sus parientes han sido secuestrados. Las manifestaciones han sido atacadas y las oficinas sindicales allanadas, dinamitadas e incendiadas.

Las investigaciones se han acogido además a los informes de derechos humanos dan testimonio del permanente accionar de grupos paramilitares que actúan en complicidad con las fuerzas armadas y cuerpos de seguridad del Estado, sumado a esto es claro para los trabajadores que se ha favorecido a las multinacionales y a sus filiales. Las presiones ejercidas contra los dirigentes sindicales, han llevado a que a centenares de trabajadores se desafilien del sindicato, a la renuncia de contratos de trabajo, a que se desconozcan los convenios colectivos y a la imposición de salarios de hambre destinados para los subcontratados, en cerca del 86% de los trabajadores.

Los Trabajadores del Acero de los EE.UU. y el Fondo Internacional por los Derechos Laborales, en representación del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de Alimentos (Sinaltrainal), demandaron a Coca-Cola ante las cortes de los EE.UU. en julio de 2001.

La demanda asegura que Coca-Cola es responsable por la intimidación y asesinato de los organizadores sindicales en sus plantas embotelladoras en Colombia.

Javier Correa, presidente de Sinaltrainal, declaró el pasado 5 de diciembre que "según un artículo publicado, funcionarios de Coca-Cola se reunieron en 1998 con el líder paramilitar Carlos Castaño en Córdoba".

Los acusados en el caso incluyen a la Corporación Coca-Cola, Coca-Cola Colombia, Panamco Bebidas y Alimentos, y Richard Kirby, el ciudadano estadounidense dueño de tres de las plantas embotelladoras donde han sido asesinados organizadores sindicales.

En marzo, un juez de los EE.UU. le dio una victoria parcial a los sindicatos. El juez José E. Martínez declaró que los sindicatos pueden llevar adelante la demanda contra Panamco, Bebidas y Alimentos y Richard Kirby. Sin embargo, sacó a la Corp. Coca-Cola y a Coca-Cola Colombia del banquillo de acusados. Los sindicatos están apelando la decisión.

El 22 de julio se inició una campaña internacional para exigir que Coca-Cola deje de colaborar con los paramilitares, respete los derechos de los trabajadores y pague indemnizaciones a las víctimas. El sindicato pide que la gente apoye la campaña en cualquier manera posible.

La campaña es el resultado de tres audiencias llevadas a cabo en Atlanta (Georgia, EE.UU.), Bruselas (Bélgica) y Bogotá, Colombia, en 2002. Sinaltrainal, junto con otras organizaciones que participaron en esas audiencias públicas, decidió convocar al mundo a protestar contra los abusos que Coca-Cola ha cometido contra los sindicalistas colombianos.

 

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